Ley Climática 7552: Permisos de Emisión y Sanciones Administrativas en Turquía

La lucha contra el cambio climático ya es una obligación legal en Turquía. La Ley Climática n.º 7552, en vigor desde julio de 2025, establece un marco integral que abarca desde la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero hasta los sistemas de comercio de derechos, pasando por los permisos de emisión y las sanciones administrativas. Toda empresa que opere en Turquía en los sectores industrial, energético o de producción — incluidas las de capital extranjero — queda sujeta a esta normativa.

¿Qué Regula la Ley Climática?

El objetivo de la ley es hacer frente al cambio climático dentro de la visión de crecimiento verde y del objetivo de neutralidad climática. Esta ley marco integra en un único texto legal la reducción de emisiones, la adaptación al cambio climático y los instrumentos de planificación necesarios para alcanzar esos fines.

La institución central responsable de aplicar las sanciones y gestionar el sistema es la Presidencia de Cambio Climático. Es esta autoridad quien concede los permisos de emisión de gases de efecto invernadero, quien realiza las inspecciones y quien impone las multas administrativas. Toda empresa con obligaciones de emisión tendrá que relacionarse con ella.

El ámbito de aplicación de la ley comprende la producción de energía, la industria pesada y otras actividades que generan emisiones directas de gases de efecto invernadero, en la medida que determine el reglamento. Las empresas con capital extranjero no reciben un trato diferente al de las nacionales; la obligación de cumplimiento se aplica con independencia de la estructura accionarial.

Sistema de Comercio de Emisiones y Obligación de Permiso

El núcleo de la ley es el Sistema de Comercio de Emisiones (ETS). Las empresas que desarrollen actividades incluidas en el ETS no pueden comenzar a operar sin haber obtenido previamente un permiso de emisión de gases de efecto invernadero de la Presidencia de Cambio Climático. Operar sin ese permiso acarrea graves sanciones administrativas.

Una vez obtenido el permiso, las obligaciones no cesan. La empresa debe monitorizar las emisiones anuales de gases de efecto invernadero de su instalación, someter esa información a la verificación de un verificador independiente y presentar a tiempo el informe anual de emisiones verificado. Además, está obligada a entregar cada año los derechos de emisión correspondientes a la cantidad de emisiones registrada en el informe. Dichos derechos se distribuyen conforme al plan nacional de asignación elaborado por la Presidencia y publicado en el Diario Oficial.

Cualquier modificación en la estructura, el funcionamiento o la titularidad de la instalación debe implicar la actualización del permiso o la notificación a la Presidencia. Si desaparecen las condiciones que motivaron su concesión, la Presidencia puede actualizar o revocar el permiso.

Multas Administrativas: ¿Qué Conducta Conlleva Qué Sanción?

El artículo 14 de la ley regula en detalle las sanciones. Las principales multas administrativas son las siguientes:

La no presentación en plazo del informe verificado de emisiones de gases de efecto invernadero conlleva una multa de entre 500.000 TL y 5.000.000 TL. Para las empresas incluidas en el ETS, esta sanción se aplica duplicada.

Continuar operando sin permiso de emisión o con un permiso revocado se sanciona por dos vías: las empresas que dispongan de un informe anual de emisiones verificado pagarán 5 TL por tonelada calculada sobre el valor máximo de emisiones de los últimos cinco años. Las que carezcan de ese informe recibirán una multa de entre 1.000.000 TL y 10.000.000 TL.

El incumplimiento del plazo de entrega de derechos de emisión acarrea una sanción equivalente al doble del precio más alto entre los precios ponderados medios del mercado primario y secundario correspondientes al último trimestre del año en cuestión. Dado que los precios de mercado fluctúan, este concepto puede generar un riesgo financiero considerable.

Existen sanciones específicas para las sustancias que agotan la capa de ozono y los gases fluorados: desde 120.000 TL por infracciones de etiquetado, hasta 2.500.000 TL por importación o comercialización no autorizadas. Facilitar información o documentación engañosa conlleva una multa de 170.000 TL.

La sanción máxima aplicable por un único hecho está limitada a 50.000.000 TL. En caso de reincidencia, la sanción se duplica en la primera infracción y se triplica en las siguientes. Además, todos los importes se actualizan anualmente conforme al coeficiente de revalorización.

Plazos para la Subsanación y Suspensión de la Actividad

Cuando se detecta un incumplimiento, el Ministerio puede conceder a la empresa, por una sola vez y por un período máximo de un año, un plazo para subsanarlo antes de imponer la multa. Sin embargo, este plazo no suspende la tramitación de la sanción administrativa; ambos procedimientos avanzan en paralelo. Si el incumplimiento persiste una vez vencido el plazo, el Ministerio puede suspender la actividad de forma parcial o total hasta que se alcance el cumplimiento.

Para los incumplimientos prolongados se aplica una consecuencia diferente: la empresa que no cubra el 80 % de sus obligaciones anuales de entrega de derechos de emisión durante tres años naturales consecutivos verá revocado su permiso de emisión y no podrá obtener uno nuevo durante un período de entre tres y seis meses.

Vías de Recurso contra las Sanciones Administrativas

Las multas administrativas y las resoluciones de revocación de permisos dictadas al amparo de la Ley Climática pueden impugnarse mediante recurso contencioso-administrativo ante los tribunales administrativos, dirigido contra la Presidencia de Cambio Climático. La interposición del recurso no suspende automáticamente el cobro de la sanción; para lograrlo, debe solicitarse expresamente la suspensión cautelar.

Los procedimientos ante los tribunales administrativos en Turquía pueden resultar complejos para las empresas extranjeras; contar con asistencia jurídica antes de actuar puede marcar una diferencia decisiva tanto en la gestión del proceso como en los costes. El cobro de las sanciones se rige por la Ley de Infracciones Administrativas, y la notificación regular al destinatario es un requisito inexcusable. Nuestra guía sobre la impugnación de multas municipales también puede orientarle sobre el procedimiento general.

Preguntas Frecuentes

¿Una empresa con capital extranjero está sujeta a la Ley Climática?

Sí. La ley se aplica a todas las empresas que desarrollen en Turquía actividades incluidas en el ETS, con independencia de su estructura accionarial o del país en el que esté domiciliada la matriz.

¿Cómo se obtiene el permiso de emisión de gases de efecto invernadero?

La empresa debe presentar ante la Presidencia de Cambio Climático la documentación relativa a las condiciones técnicas de la instalación y a los datos de emisiones. La solicitud se evalúa conforme al reglamento aplicable y se resuelve concediendo o denegando el permiso. Sin permiso, la instalación no puede operar.

¿Cuál es el plazo para recurrir una multa notificada?

El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se rige por las disposiciones generales del procedimiento de la jurisdicción contencioso-administrativa. Una vez transcurrido ese plazo, se pierde el derecho de impugnación; por eso es esencial buscar asistencia jurídica sin demora desde la fecha de notificación.

¿Se incrementan los importes de las multas cada año?

Sí. Conforme a la Ley de Infracciones Administrativas, las multas administrativas se actualizan anualmente aplicando el coeficiente de revalorización establecido en virtud de la Ley de Procedimiento Tributario. Los importes vigentes se publican mediante comunicado en el Diario Oficial.

¿En qué circunstancias puede revocarse el permiso?

El supuesto más habitual es no alcanzar el 80 % de las obligaciones de entrega de derechos durante tres años naturales consecutivos. Además, la Presidencia puede revocar permisos caducados o cuyas condiciones hayan variado.

Cómo Puede Ayudarle Mona Hukuk

Mona Hukuk asesora a empresas nacionales y extranjeras que operan en Turquía en materia de cumplimiento de la normativa ambiental, procedimientos de autorización administrativa e impugnación de sanciones. Si desea entender sus obligaciones bajo la Ley Climática o necesita recurrir una multa que le ha sido impuesta, nuestro equipo en Antalya le acompaña en cada fase del proceso.

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