Obligaciones del empleador en seguridad y salud laboral en Turquía: cumplimiento preventivo

Una de las dimensiones jurídicas que más se pasan por alto al establecer un negocio en Turquía es el cumplimiento en materia de seguridad y salud laboral (SSL). Sin embargo, la Ley n.º 6331 sobre Seguridad y Salud en el Trabajo abarca casi todos los centros de trabajo, públicos o privados, aunque solo cuenten con un empleado. No son las reglas de indemnización que se activan después de un accidente, sino medidas preventivas que deben existir antes de que ocurra. Para las empresas de capital extranjero que operan en los sectores de fabricación, construcción y hostelería-turismo tan habituales en la región de Antalya, establecer bien estas obligaciones desde el principio es la base para protegerse tanto de las multas administrativas como de la responsabilidad agravada que sigue a un accidente.

La obligación general del empleador y los principios de prevención

El artículo 4 de la Ley n.º 6331 fija el deber de diligencia esencial del empleador: debe garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores en relación con el trabajo y, en ese marco, prevenir los riesgos profesionales, adoptar las medidas necesarias, establecer la organización y mejorar de forma continua las condiciones existentes. En el mismo artículo figura una disposición crucial: recurrir a expertos u organizaciones externas no suprime la responsabilidad propia del empleador (art. 4/2). El empleador tampoco puede trasladar a los trabajadores el coste de las medidas de SSL (art. 4/4).

El artículo 5 enumera los principios de prevención que el empleador debe observar: evitar los riesgos, analizar en su origen los inevitables, sustituir lo peligroso por lo menos peligroso y —de forma especialmente relevante— dar prioridad a las medidas de protección colectiva sobre las individuales. Estos principios constituyen el patrón con el que un inspector o un tribunal mide si el empleador «hizo lo necesario».

Evaluación de riesgos, designación de expertos y formación

El cumplimiento preventivo se apoya en tres pilares. El primero es la evaluación de riesgos: según el artículo 10, el empleador debe realizar o encargar una evaluación de riesgos de SSL y, en función de su resultado, determinar las medidas a adoptar y el equipo de protección a utilizar. En centros muy peligrosos como la minería, el trabajo del metal y la construcción, la sola ausencia de una evaluación de riesgos es por sí misma motivo de paralización de la actividad (art. 25/1).

El segundo es la designación de expertos: el artículo 6 obliga al empleador a designar de entre la plantilla a un técnico de seguridad laboral y un médico de empresa y, en los centros muy peligrosos con diez o más empleados, además a otro personal sanitario. Cuando no exista dicho personal internamente, el servicio puede contratarse a una unidad conjunta de salud y seguridad (OSGB). La clase de certificado del técnico depende de la clase de peligrosidad del centro: clase (A) para los muy peligrosos, al menos clase (B) para los peligrosos y al menos clase (C) para los de baja peligrosidad (art. 8/5). La clase de peligrosidad se determina según el código NACE del centro (art. 9).

El tercero es la formación y los equipos de protección individual: conforme al artículo 17, el empleador debe impartir formación en SSL antes de comenzar el trabajo, en todo cambio de puesto y siempre que surja un nuevo riesgo; en los trabajos peligrosos y muy peligrosos no puede emplearse a quien carezca de certificado de formación profesional. El coste de la formación no puede repercutirse al trabajador y el tiempo empleado en ella se computa como tiempo de trabajo. Además, el empleador debe facilitar gratuitamente equipos de protección individual conformes a las normas y con marcado CE.

El derecho del trabajador a rechazar el trabajo peligroso

La herramienta más potente del lado del trabajador en este sistema preventivo es el derecho a rechazar el trabajo del artículo 13. El trabajador que se enfrenta a un peligro grave e inminente puede acudir al comité de seguridad (o, donde no lo haya, al empleador) para que se constate la situación y se adopten medidas. Si la decisión es favorable a su petición, el trabajador puede abstenerse de trabajar hasta que se adopten las medidas necesarias, conservando su salario y sus demás derechos (art. 13/2). Cuando el peligro es inevitable, el trabajador puede abandonar el centro sin esperar a este procedimiento, y ningún derecho suyo puede restringirse por ello (art. 13/3). Si aun así no se adoptan medidas, el trabajador puede rescindir el contrato por causa justificada (art. 13/4). El empleador no puede sancionar al trabajador por ejercer este derecho.

Multas administrativas e impacto en la responsabilidad por accidente

El precio del incumplimiento es elevado. El artículo 26 impone una multa administrativa separada por cada obligación: no realizar la evaluación de riesgos, no designar un experto o un médico, no impartir formación y no facilitar EPI se sancionan de forma individual. En la mayoría de los casos estas multas se aplican de nuevo por cada trabajador o por cada mes que persiste la infracción. Los importes de la ley se revalorizan cada año y, además, la multa se incrementa hasta un 200 por ciento según el número de trabajadores y la clase de peligrosidad del centro (art. 26/3). La misma infracción resulta, por tanto, mucho más cara para un centro grande y muy peligroso.

La verdadera función de estas obligaciones preventivas se revela cuando ocurre un accidente. Un empleador que ha cumplido todos los requisitos de la Ley 6331 reduce de forma sustancial el grado de culpa que se le atribuye en un eventual proceso de indemnización o penal; ahora bien, dado que el deber objetivo de diligencia del empleador es muy amplio en el Derecho turco, el cumplimiento por sí solo no elimina por completo la responsabilidad. Los pormenores del proceso de indemnización posterior al accidente son un tema aparte; este artículo se centra en el cumplimiento preventivo previo al accidente.

Guía de cumplimiento para empresas de capital extranjero

Para los inversores extranjeros que instalan un hotel, un restaurante, una obra o una planta de producción en Antalya, los pasos prácticos son:

1. Determine la clase de peligrosidad desde el inicio: identifique mediante el código NACE si su centro es de baja peligrosidad, peligroso o muy peligroso; de ello depende todo el nivel de obligaciones.
2. Contrate con una OSGB antes de iniciar la actividad: complete la designación del técnico de seguridad y del médico de empresa antes de que empiece el primer trabajador.
3. Documente la evaluación de riesgos: evalúe por escrito los riesgos propios del sector (trabajo en altura en la construcción; cocina, piscina y productos químicos en la hostelería; maquinaria en la fabricación).
4. Conserve los registros de formación y de EPI: las actas de formación firmadas y los recibos de entrega de EPI son su prueba de defensa más sólida en una inspección o tras un accidente.
5. No omita las obligaciones de emergencia y del comité: el comité de seguridad es obligatorio en los centros con 50 o más trabajadores.

Preguntas frecuentes

¿Se aplica la Ley 6331 a un pequeño negocio con un solo empleado? Sí. La ley abarca casi todos los centros de trabajo con independencia del número de empleados. No obstante, el alcance de ciertas obligaciones y el importe de las multas varían según el número de trabajadores y la clase de peligrosidad.

¿Contratar al técnico de seguridad de forma externa (a través de una OSGB) elimina mi responsabilidad? No. El artículo 4/2 establece expresamente que recurrir a servicios externos no suprime la responsabilidad del empleador. El empleador sigue siendo responsable de aplicar las recomendaciones del técnico.

Si un trabajador rechaza un trabajo peligroso, ¿puedo descontarle el salario? No. El trabajador que ejerce el derecho a rechazar el trabajo ante un peligro grave e inminente conserva su salario y sus demás derechos (art. 13) y no puede ser sancionado.

Si adopto todas las medidas de SSL, ¿quedo libre de toda responsabilidad en un accidente? El cumplimiento reduce de forma sustancial su grado de culpa y su responsabilidad, pero el amplio deber de diligencia del empleador implica que no otorga inmunidad completa. Aun así, el cumplimiento íntegro es la protección jurídica más eficaz.

Cómo puede ayudar Mona Hukuk

El cumplimiento en SSL es a la vez una obligación regulatoria y un ámbito estratégico de gestión de riesgos para las empresas que invierten en Turquía. En Mona Hukuk apoyamos a empresas nacionales y de capital extranjero en la identificación de las obligaciones de SSL en la fase de constitución, en la estructuración de los procesos de OSGB y de los contratos de trabajo, en la impugnación de inspecciones y multas administrativas, y en la defensa jurídica tras un accidente.

Para una consulta en Antalya, puede escribir a contact@monahukuk.com o llamar al +90 (242) 606 14 32.