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Áreas de práctica

Derecho Administrativo

Servicios que ofrecemos

  • Litigios contra denegaciones, cancelaciones de visado y órdenes de prohibición de entrada
  • Acciones de anulación y medidas cautelares contra cancelaciones de permiso de residencia y órdenes de deportación
  • Impugnaciones y acciones de anulación contra multas administrativas
  • Acciones de responsabilidad patrimonial íntegra (indemnización por daño causado por un acto administrativo)
  • Anulación de acuerdos municipales y aplicaciones de planeamiento urbanístico
  • Sanciones tributarias y procedimientos de acuerdo de liquidación
  • Contratación pública y anulación de resoluciones de adjudicación
  • Recurso administrativo, alzada jerárquica y mediación administrativa

Cómo trabajamos

Un expediente administrativo comienza con la identificación precisa de la fecha de notificación y el razonamiento del acto. A continuación, el expediente se revisa en busca de ilegalidades y, para respetar los plazos, se interpone un recurso de anulación junto con una solicitud de medida cautelar. La administración responde; si es necesario, se ordena una inspección o pericia. Tras la sentencia, puede seguir un recurso de apelación o ante el Consejo de Estado. Para los clientes extranjeros, la traducción y apostilla de los documentos de apoyo se preparan con antelación.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto tiempo tengo para impugnar un acto administrativo?+
El derecho administrativo turco establece un plazo legal fijo. Contado desde la fecha de notificación, este plazo no puede perderse; una acción extemporánea será inadmitida por razones procedimentales.
¿Cuál es la finalidad de la medida cautelar de suspensión?+
Si el acto causaría un daño de difícil reparación, puede solicitarse al tribunal que suspenda temporalmente sus efectos. Una vez concedida, las consecuencias del acto quedan en suspenso hasta que el asunto se resuelva.
¿Cuánto duran los procedimientos administrativos?+
Aunque varía, los procedimientos administrativos en primera instancia generalmente concluyen en 1–2 años. La duración puede prolongarse en función de la complejidad y de las fases de apelación o ante el Consejo de Estado.

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